Como si no hubieran más que suficientes organismos internacionales, los países latinoamericanos y los caribeños están empeñados en la creación de uno nuevo, al que pomposamente y aún con carácter tentativo denominan “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.
Los países de nuestros continente están incorporados a las Naciones Unidas (ONU), pero también formaron en su momento la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que no ha impedido que formen bloques y organizaciones de menor número de integrantes, unas con objetivos generales, otras con fines específicos y sectoriales, sin olvidar las que tienen conceptuación territorial. Como prueba de ello ya contamos con la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) el llamado Grupo de Río, CDS, Comunidad Andina, Oppegasur, Mercosur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América más conocida como ALBA, entre otras.
Recientemente y bajo el prurito de nuestras Cancillerías a llamar a cualquier reunión con el rimbombante nombre de “CUMBRE”, han juntado a Jefes de Estado y/o de Gobierno en la Riviera Maya y el 23 de febrero del 2010 suscribieron la “Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe” y simultáneamente la “Declaración de Cancún”.
Con el estilo alambicado e impreciso a que nos tienen acostumbrados los documentos diplomáticos y abusando de términos como compartiendo, destacando, enfatizando, fortaleciendo, impulsando, intensificando, promoviendo, ratificando, reafirmando, reconociendo, refrendando, reiterando, renovando y subrayando, se acuerda la constitución de la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.
Las motivaciones para la creación de la nueva Organización, son las mismas o similares que se utilizaron para la fundación de las existentes, como son la necesidad de avanzar en la integración, la búsqueda del bienestar y la calidad de vida, la promoción del desarrollo sostenible, el intercambio de experiencias, la identificación de áreas de cooperación, la construcción de un orden internacional más justo, el respeto al Derecho Internacional, entre muchos otros lugares comunes. Lo que si llama la atención es el pretexto del desarrollo regional integrado y no excluyente, pero se excluye a Canadá y Estados Unidos de América con los que hay relación más antigua y fructífera que con muchos países del Caribe, siendo además países cooperantes.
En la práctica, seguir en el innecesario camino de inaugurar más organismos internacionales, nos lleva a debilitar a los existentes, duplicar o multiplicar esfuerzos, tener más foros y reuniones de concertación y lo que es más grave y oneroso, soportar países con recursos económicos modestos, los gastos que implica la mayor burocracia internacional y la preparación de los escenarios para sus convenciones.
En lugar de corregir los defectos y las deficiencias observadas en la OEA, se funda organismo paralelo pero sin el concurso de Canadá y los Estados Unidos de América, olvidando que pese a sus errores se ha avanzado en la temática de los Derechos Humanos con la Convención Interamericana del mismo nombre, se ha mejorado en el tratamiento y ayuda colectiva para mitigar desastres naturales, tenemos una eficiente organización panamericana que atiende los temas de salud, contamos también con el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo, así como el que enfrenta al narcotráfico, y por supuesto la cooperación regional para el desminado humanitario, entre muchas otras cosas destacables. La experiencia de la OEA es invalorable y no se debe debilitar a tal Organismo.
Suena muy bien al oído emotivas motivaciones de integrar a los pueblos latinoamericanos y caribeños, la hermandad entre los mismos y un destino promisor, pero no descartemos que tenemos ya un camino definido que no tiene porque trabarse con innecesarias y equívocas nuevas organizaciones. Ahora lo más elemental e inmediato es concretar acciones entre todos los miembros de la OEA, para superar nuestras diferencias ideológicas, y dentro del realismo político, acometer la mejora de nuestro comercio internacional, poner en vigencia los compromisos asumidos para fortalecer las instituciones democráticas, y luchar por el desarrollo socio económico de nuestros pueblos.